domingo, 29 de mayo de 2016

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

El pasado sábado 28 de mayo se conmemoró por primera vez en México el Día Nacional por la Salud de las Mujeres. Decreto publicado el 30 de diciembre de 2015.
En 1987, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, hizo la propuesta de instaurar un día de acción global a favor de la salud de las mujeres y en 1988 se conmemoró el primer 28 de Mayo con el lanzamiento de la Campaña para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna, coordinada por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, RMMDR, y la Red de Salud. Las muertes a causa de la gestación eran y continúan siendo uno de los indicadores más dramáticos de la inequidad en salud, en tanto afectan abrumadoramente a mujeres de los países más pobres para quienes ser madres a menudo es un riesgo de vida.
El derecho de las mujeres a gozar de salud plena e integral a lo largo de todo su ciclo vital, es un derecho humano universal consagrado por el sistema internacional de derechos humanos. La salud integral, por su parte, no es un hecho meramente biológico o psicológico, sino que responde también a factores biopsicosociales, económicos, culturales, políticos, entre otros.  Es decir, depende del lugar que las mujeres ocupan en la sociedad (determinantes sociales de la salud), de su capacidad de acceder a los recursos materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con igualdad de oportunidades, exenta de violencias. Una vida en la cual la sexualidad y la reproducción se ejerzan desde la autonomía y la libertad.
Hoy esto no ocurre para millones de mujeres, en especial para las más pobres y las más jóvenes, para mujeres que aman a otras mujeres, para quienes son inmigrantes o desplazadas, para aquellas que habitan zonas rurales o urbano marginales, para mujeres de distintas razas o etnias, para quienes tienen capacidades diferentes, entre otras condiciones.
Las muertes a causa de la gestación eran y continúan siendo uno de los indicadores más dramáticos de la inequidad en salud, en tanto afectan abrumadoramente a mujeres pobres para quienes ser madres a menudo es un riesgo de vida. Para ellas, el cruce de discriminaciones, violencias y exclusiones las aleja cada día del goce de sus derechos humanos, en especial, del derecho a la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos.
Estamos también frente al reto de atender oportuna y adecuadamente los padecimientos que causan una mayor carga de enfermedad en las mujeres en México, tales como la diabetes mellitus, la hipertensión y el infarto, el síndrome metabólico, las adicciones y la salud mental, sin excluir el grave problema de la violencia familiar y sexual que viven las mujeres en nuestro país, cuyos daños a la salud se asocian además con depresión, ansiedad y estrés postraumático. Hoy en día sigue vigente el propósito de la acción global.
La definición holística e inclusiva de la Organización Mundial de la Salud que señala: “El derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar”. Para que se garantice este derecho, se requiere, entre otros:
    1)        Reducir la mortalidad materna. Mujeres mueren por causas evitables en el embarazo, parto o puerperio. Aproximadamente el 80% se asocian los casos con tratamientos médicos inadecuados e inoportunos. Los niveles más bajos de atención por médico los presentan las mujeres sin escolaridad con un 65.6%.
    2)        Reducir el embarazo adolescente. La mitad de las mujeres de Sinaloa tuvo su primera relación sexual en la adolescencia; sin embargo, el uso del primer método anticonceptivo es hasta cuatro años después. Las mujeres de 15 a 19 años son las que presentan mayor necesidad insatisfecha de anticonceptivos, con un 12%. Son las adolescentes unidas quienes menos usan métodos anticonceptivos. También presentan el mayor porcentaje de embarazo no planeado o no deseado con un 53.2%
    3)        Reducir el aborto inseguro. La interrupción voluntaria del embarazo es un asunto de vida, salud y derechos humanos. La legalización del aborto es un asunto de justicia social, democracia y derechos humanos.
    4)        Acceso universal a métodos anticonceptivos y la prevención de infecciones de transmisión sexual. Mejorar el acceso a métodos seguros, eficientes y asequibles debe ser una prioridad.
    5)        Promover el diagnóstico oportuno de la infección de VIH, así como la atención integral a las mujeres con VIH, prevención de la transmisión materno-infantil y atención integral a niñas que nacieron con VIH. Urgente es contribuir a dar respuesta a la infección para llegar a cero discriminación, cero nuevas infecciones por VIH y cero muertes asociadas al Sida.
    6)        Mayor información y eficacia en las políticas preventivas en el ámbito laboral. Existe la necesidad apremiante de evitar los riesgos producidos o agravados por el entorno laboral para la reproducción, embarazo o lactancia.
    7)        Incorporar los derechos de la maternidad y paternidad con la conciliación de vida familiar.
    8)        Visibilizar riesgos y enfermedades asociadas a trabajos en ocupaciones feminizadas.
    9)        Abordar el acoso sexual como condicionante negativo de la vida laboral, cotidiana y de la salud de las mujeres.
 10)        La promoción de la atención humanizada del parto y la visibilización de la violencia obstétrica. En México es un tema emergente que deriva de las limitaciones estructurales del sistema de salud, como problemas graves de falta de insumos, personal y presupuesto, así como la constatación de lo sistemáticos que son los malos tratos y los abusos hacia las mujeres que hacen uso de los servicios públicos de salud materna.
Como parte del informe El Estado de las Madres en México, Save The Children presentó la campaña “Hasta el Último Niño y Niña”, que advierte sobre la exclusión que enfrentan las y los adolescentes en México, sobre todo en el ejercicio de sus derechos sexuales y el embarazo adolescente.
La organización internacional destaca en su reporte que uno de cada cinco nacimientos en México es de una mujer adolescente menor de 20 años de edad. En este sentido, el informe, que cita datos del INEGI, reporta que la tasa de nacimientos en adolescentes en México es de aproximadamente 77 de cada 100 mujeres entre 15 y 19 años quienes dan a luz cada año.
De hecho, México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes.
Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas México (UNFPA), que acaba de presentar “Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes” —la edición de 2013 de su informe anual Estado de la Población—, las inversiones para facultar a las niñas con conocimiento sobre sus derechos humanos, educación y la posibilidad de postergar el embarazo, benefician a la economía de las naciones. Por el contrario, los costos de no invertir en esto son muy altos.
Los costos económicos, sin embargo, no deben ponerse por encima de los costos sociales que acarrea la falta de inversión en las adolescentes, advierte el informe. Esto significa que estas jóvenes no pueden gozar ni ejercer sus derechos básicos, como a la educación, lo que genera un círculo vicioso de pobreza, marginación, desigualdad y la erosión del tejido social.
Las uniones tempranas afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas, impactando su desarrollo, futuro y el de sus familias, e incrementa la discriminación y violencia contra ellas.
En Sinaloa, las mujeres de 20-24 años de edad se unieron antes de cumplir 15 y 18 años en un 23.3%, superando la media nacional de 21.5%.
Por estrato socioeconómico, muy bajo con un 54%; por nivel máximo de estudios: con primaria o menos un 48.7%, secundaria un 56.8%, y preparatoria un 11.8%. Por localidad urbana un 16.3% y rural un 37%.
El informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas México (UNFPA) presenta cuatro objetivos que deben ser prioritarios para los gobiernos para la solución del problema del embarazo adolescente:
Empoderamiento de las niñas. Se debe facultar a las niñas para que sean capaces de tomar mejores decisiones. Para ello es necesario implementar políticas públicas enfocadas a la educación y la generación de consciencia sobre sus derechos humanos.
Rectificar la equidad de género. Romper los estereotipos de los lugares que ocupan niños y niñas en la sociedad es imprescindible, así como asegurar la equidad de oportunidades para ambos sexos.
Respetar los derechos humanos. Con esto se atacan de frente muchos de los factores determinantes subyacentes que llevan al embarazo adolescente.
Reducir la pobreza. Para romper el círculo vicioso es necesario atacar el desarrollo económico y las posibilidades de inserción en un mercado laboral estable.
Asimismo, presenta ocho maneras con las que se pueden alcanzar estos objetivos:
    1)        Intervenciones preventivas en niñas de 10 a 14 años que incluyan una educación sexual oportuna y bien elaborada.
    2)        Eliminar el matrimonio en menores de 18 años y prevenir la violencia y coacción sexual.
    3)        Crear recursos globales para las niñas y mantener a las niñas saludables y seguras, y reafirmar su trayectoria de vida.
    4)        Proteger los derechos a la salud, educación, seguridad y libertad frente a la pobreza.
    5)        Lograr que las niñas asistan a la escuela y permitirles quedarse más tiempo en ella.
    6)        Involucrar directamente a hombres y niños, y ayudarles a formar parte de la solución.
    7)        Ampliar la información adecuada (educación sexual) a la edad y ofrecer servicios de salud para adolescentes.
    8)        Desarrollar un marco sucesor de Metas de Desarrollo del Milenio (MDG, por sus siglas en inglés) basado en principios de los derechos humanos, la igualdad y la sustentabilidad.
  
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